FRENTE AL MENSAJE DEL PJ

La UNION CIVICA RADICAL manifiesta su preocupación por los conceptos vertidos por el Consejo Nacional del Partido Justicialista esta tarde en la ciudad de Buenos Aires.
Como partido político nacional, democrático, con representación parlamentaria, el Radicalismo entiende que la legislación argentina tiene suficientes normas que deberían considerarse si se supone que se está impulsando un golpe de Estado. En este sentido, la Ley de Defensa de la Democracia, receptada en el Código Penal, es clara.
Es de gran preocupación el supuesto atentado contra la democracia o el ánimo destituyente que ha mencionado la conducción del Justicialismo.
Es intención de la UCR acompañar el esclarecimiento de un hecho de tamaña envergadura, toda vez que su sola mención lesiona las instituciones de la República.
De allí, el deber de denunciar de cualquier ciudadano, pero más aún la dirigencia del partido del gobierno y el requisito de informar al Poder Legislativo para que actúe en la defensa de la Constitución nacional y las instituciones de la República.
La carencia de gestión de gobierno, o la irresponsabilidad de un conjunto de gobernadores obsecuentes o de un ex Presidente hegemónico no puede dañar el presente, y menos aún, el futuro de un pueblo que trabaja y produce en paz.
Si dichas expresiones no fueran verdaderas, implicarían un daño inmenso a la República y una impropia conducta. Por el contrario, si fueran verdaderas, debe actuarse en salvaguarda de la República con el conjunto de las fuerzas políticas democráticamente representadas en el Congreso.
El PJ debería denunciar la situación de la cual ha tenido conocimiento, o rectificar sus dichos, a fin de que le permita al Poder Judicial intervenir. De existir un delito, está claro que debe ser denunciado. De corroborarse por los mecanismos judiciales, el culpable debería recibir todo el peso de la ley sobre sus espaldas.
Nunca castigando la forma que en la ciudadanía se manifiesta se conseguirá la tan necesaria calidad institucional por la cual se lucha intensamente desde los partidos políticos de funcionamiento democrático, desde el Congreso, o desde las instituciones de la comunidad.
No se debe oponer menos, sino más libertad de expresión a la carencia de verdades. El sinceramiento, la transparencia y la objetividad mejoran, sin lugar a dudas, las instituciones. Pero además, alientan la validez de los derechos y garantías constitucionales.

Buenos Aires 27 de mayo de 2008.
fuente: ucr.org.ar